Comprar en subasta del BOE: las cargas que no se cancelan con la adjudicación

En resumen: cuando compra una vivienda en una subasta judicial a través del Portal de Subastas del BOE, el decreto de adjudicación solo cancela la hipoteca o el embargo que originó la subasta y las cargas inscritas después. Las cargas anteriores siguen vivas y usted se subroga en ellas por el solo hecho de pujar (artículos 668 y 670.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Además, el inmueble responde de las cuotas de comunidad del año en curso y los tres anteriores, de los recibos del IBI pendientes y, en su caso, de un contrato de alquiler o de ocupantes que no salen con la adjudicación. Fernández Bethencourt Abogados, despacho de abogados en La Laguna (Tenerife) desde 1987, revisa esas cargas antes de que usted haga el depósito.

Las subastas judiciales se han convertido en una vía habitual para comprar vivienda en Tenerife por debajo del precio de mercado. El Portal de Subastas del BOE lo pone fácil: cualquiera puede pujar desde casa con un certificado digital y un depósito del 5 % del valor de tasación. Lo que no es tan fácil es saber qué se está comprando. En una subasta nadie le enseña la casa, nadie le entrega un certificado de deudas y nadie le garantiza que podrá entrar en ella al día siguiente de ganar.

Como abogados de subastas judiciales y cesión de remate en Tenerife, vemos cada año a compradores que calcularon bien el precio de la puja y mal todo lo demás. Este artículo explica qué cargas desaparecen con el decreto de adjudicación, cuáles se quedan con la finca y cómo se comprueban antes de pujar.

Qué cancela el decreto de adjudicación

Cuando el letrado de la Administración de Justicia aprueba el remate y dicta el decreto de adjudicación, ordena cancelar en el Registro de la Propiedad la hipoteca o la anotación de embargo que motivó la ejecución y todas las inscripciones y anotaciones posteriores a ella (artículo 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Es decir, el adjudicatario recibe la finca libre de la carga que se ejecuta y de las que llegaron después: segundas hipotecas, embargos de Hacienda o de la Seguridad Social anotados más tarde, anotaciones de demanda posteriores.

Eso es lo que hace atractiva la subasta: el precio de adjudicación se destina a pagar al acreedor ejecutante y, si sobra, a los acreedores posteriores, y el comprador no tiene que negociar con ninguno de ellos. El problema está en todo lo que estaba inscrito antes.

Qué cargas no se cancelan

1. Hipotecas, embargos y otras cargas anteriores

Es la regla que más dinero cuesta a quien no la conoce. El anuncio de la subasta debe advertir de que las cargas, gravámenes y asientos anteriores al crédito del ejecutante continuarán subsistentes y de que, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de ellos si se le adjudica el bien (artículos 668 y 670.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Si la ejecución la promueve un segundo acreedor y hay una primera hipoteca inscrita, usted compra la casa con esa primera hipoteca. El banco titular podrá ejecutarla si no se paga, y nadie le devolverá lo que pujó.

Lo mismo ocurre con una servidumbre, un usufructo, una condición resolutoria, una anotación de embargo anterior o una prohibición de disponer. Todo lo que figure en el Registro antes de la carga ejecutada se queda. Por eso el primer trabajo del abogado es leer la certificación de cargas del expediente y una nota simple actualizada, y calcular qué parte de esas cargas sigue viva y por cuánto.

2. Deudas con la comunidad de propietarios

El artículo 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal establece que el piso o local queda afecto al pago de las cuotas de comunidad que deban los anteriores titulares, con el límite de la parte vencida de la anualidad en la que se adquiere y los tres años naturales anteriores. Una vivienda que lleva años en ejecución suele acumular esa deuda entera, y en Tenerife, con comunidades que incluyen piscina, ascensores o garaje, puede ser una cantidad relevante.

El Tribunal Supremo ha fijado además que, en las subastas judiciales, esa obligación nace con el decreto de adjudicación, no con la escritura ni con la inscripción en el Registro (sentencia 1336/2025, de 30 de septiembre). Desde ese momento el adjudicatario es el que debe pagar las cuotas corrientes, aunque todavía no haya inscrito la finca a su nombre.

3. IBI y otros tributos que gravan la finca

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles tiene afección real: el inmueble responde del pago de las cuotas pendientes y el adquirente puede ser declarado responsable subsidiario de ellas (artículo 64 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). Conviene pedir al ayuntamiento o al consorcio de tributos un certificado de deudas del IBI antes de pujar, y tener en cuenta también tasas como la de basura que algunos municipios de la isla giran junto con el impuesto.

4. Inquilinos con contrato

Si la vivienda está alquilada, la adjudicación no extingue automáticamente el arrendamiento. El artículo 13 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que, en caso de enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria o de sentencia judicial, el inquilino tiene derecho a continuar en la vivienda hasta que se cumplan cinco años de contrato (siete si el arrendador era persona jurídica); y si el contrato se inscribió en el Registro antes que la carga ejecutada, continúa por toda la duración pactada. El resultado práctico es que usted puede ser propietario de una casa en la que no podrá vivir durante años, cobrando una renta que fijó otra persona.

5. Ocupantes sin título

Distinto es el caso de quien ocupa la vivienda sin contrato: el propio deudor, un familiar o un tercero. La Ley de Enjuiciamiento Civil permite al adjudicatario pedir al juzgado de la ejecución que le ponga en posesión del inmueble y, si los ocupantes no acreditan un título suficiente, acordar su lanzamiento (artículos 661 y 675). Es un trámite dentro del mismo procedimiento, más rápido que un desahucio nuevo, pero con plazos: hay que pedirlo dentro del año siguiente a la adjudicación y el juzgado debe oír a los ocupantes. Pasado ese plazo, o si el ocupante presenta un contrato aparente, el camino es un procedimiento de desahucio por precario. Lo explicamos en nuestra página de abogado de desahucios en Tenerife.

Cómo se comprueban las cargas antes de pujar

Todo esto se puede saber antes de hacer el depósito, y es la parte del trabajo que más dinero ahorra:

  • Edicto y certificación de cargas del Portal del BOE: indica el valor de subasta, el tipo de procedimiento, las cargas anteriores que se declaran subsistentes y la situación posesoria que consta al juzgado.
  • Nota simple actualizada del Registro de la Propiedad: para contrastar lo que dice el edicto con lo inscrito hoy y detectar cargas que aparecieron después de expedir la certificación.
  • Certificado de deudas de la comunidad: en una subasta no lo entrega el vendedor, así que hay que pedirlo al administrador o al presidente.
  • Certificado de deudas del IBI y del agua, y comprobación del Catastro para detectar obras no declaradas.
  • Situación posesoria real: quién vive en la casa y con qué título, lo que a veces exige acudir al inmueble y consultar al juzgado.

Con esa información se calcula el precio real de la compra: puja más cargas subsistentes más deudas afectas más coste y tiempo de recuperar la posesión. Solo entonces tiene sentido decidir hasta dónde pujar.

Reglas de la puja que conviene conocer

Para participar hay que consignar el 5 % del valor por el que el bien sale a subasta (artículo 647 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Si su puja resulta la mejor, dispone de cuarenta días para consignar el resto del precio (artículo 670); si no lo hace, pierde el depósito. Solo el ejecutante y los acreedores posteriores pueden pujar reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero (artículo 647.3): de ahí que comprar por cesión de remate exija un acuerdo previo con el banco o acreedor que ejecuta, y que ese acuerdo deba revisarse con el mismo cuidado que las cargas.

Preguntas frecuentes

¿Si compro en subasta, me quedo con la hipoteca del anterior dueño?

Depende de qué carga se ejecute. Si la subasta la promueve el titular de esa hipoteca, el decreto la cancela. Si la promueve otro acreedor con una anotación posterior, la hipoteca anterior se queda y usted se subroga en ella.

¿Quién paga las deudas de comunidad de una vivienda subastada?

El inmueble responde de la anualidad en curso y de los tres años anteriores, y el adjudicatario pasa a ser deudor de las cuotas desde el decreto de adjudicación. Lo anterior a esos tres años sigue siendo deuda personal del antiguo propietario.

¿Puedo visitar la vivienda antes de pujar?

La ley no obliga a quien la ocupa a enseñarla. A veces se consigue con la colaboración del administrador de la comunidad o del propio ocupante; cuando no, la revisión se hace con el Registro, el Catastro, el edicto y la información del juzgado.

¿Cuánto tarda en entregarse la vivienda tras la adjudicación?

Si está vacía, pocas semanas tras el decreto y el testimonio para inscribir. Si hay ocupantes sin título, hay que pedir la posesión al juzgado y el plazo depende de la carga de trabajo del juzgado de Santa Cruz de Tenerife o de La Laguna que lleve la ejecución. Si hay un inquilino protegido por la Ley de Arrendamientos Urbanos, hasta que termine su plazo legal.

¿Necesito abogado para pujar en el Portal del BOE?

Para pujar, no. Para saber qué está comprando y cuánto le va a costar de verdad, sí: la revisión de cargas, deudas y ocupantes es lo que convierte una ganga aparente en una buena compra o en un problema.

Revisamos la subasta antes de que haga el depósito

En Fernández Bethencourt Abogados, en San Cristóbal de La Laguna, analizamos el edicto y la certificación de cargas, pedimos la nota simple y los certificados de deudas, le decimos por escrito qué cargas se quedan y cuánto suman, y le acompañamos en la puja, en la cesión de remate y en la toma de posesión ante los juzgados de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna. Más información en nuestras páginas de abogado de subastas judiciales en Tenerife, de inversión inmobiliaria y due diligence y en el área de derecho inmobiliario en Tenerife. Puede llamarnos al 922 63 03 73, escribirnos por WhatsApp o enviar un correo a despacho@ffbethencourt.es. Atendemos de lunes a viernes de 8:30 a 17:30.

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